Tarazona, empresario del escándalo, afirma que el Ayuntamiento de Llerena conocía su "inexperiencia" en festejos taurinos. Se considera un adorno, un tonto y que hizo el Jilipollas
Podrían alcanzarse los 130.000 euros en concepto de "responsabilidad" derivados de indemnizaciones por las entradas, las ganaderías o los toreros.
Agustín Tarazona, acusado de quedarse supuestamente con el dinero de dos corridas de toros que nunca se celebraron, afirma que el alcalde de Llerena, Valentín Cortés, conocía perfectamente su "inexperiencia" en la celebración de festejos.
Hoy ha arrancado en la Audiencia de Badajoz el juicio contra Tarazona acusado de un delito de estafa por el que el fiscal solicita 8 años de prisión y la indemnización a los afectados con casi 140.000 euros.
Tarazona suscribió en agosto de 2005 un contrato con el alcalde de Lerena, por el cual se comprometía a organizar 3 festejos taurinos el 23, 24 y 25 de septiembre de 2005 con motivo de la Feria de San Miguel, de los cuales los dos últimos no se celebraron.
El acusado ha dicho que su experiencia se basaba en la organización de un torneo de fútbol sala en Villafranca de los Barros, precisamente donde el primer edil le ofreció -según Tarazona- que organizara los festejos de Llerena, tras presentarles un empresario bodeguero.
Además, según el acusado, siempre tuvo el apoyo constante del regidor, que le acompañó a diversos lugares para promocionar la venta de entradas de las dos corridas que se debían haber celebrado el 24 y el 25 de septiembre de 2005.
El acusado ha indicado que la corrida del día 24 se suspendió porque no se lograron vender las entradas suficientes como para garantizar los pagos que genera y la del 25 porque los toreros se negaron al no pagar a los diestros del día anterior las compensaciones tras la cancelación.
Tarazona se ha defendido de las acusaciones de estafa explicando que no se vendieron entradas de ninguna de las dos corridas los dos días antes de la fecha fijada para la celebración; y las ventas anteriores se utilizaron para pagar los gastos para organizar los festejos.
Así, ha explicado que desembolsó unos 40.000 euros en gastos de organización con el dinero obtenido de las entradas; además de 4.000 euros de subvención del Ayuntamiento para el alquiler de la plaza portátil.
Una de las claves de este proceso es el trastorno límite de personalidad que sufre el acusado, enfermedad que le incapacita para negociar cualquier contrato de trabajo, tal y como le confirmó un experto -según Tarazona- un tiempo después de acontecer estos hechos.
Seguidamente, el torero Javier Solís, contratado para las corridas del 24 y 25, ha afirmado que le contrató y contactó con él Agustín Tarazona, que le dijeron que el festejo del primer día se suspendía porque se habían vendido pocas entradas y que el propio acusado le trasladó en persona que el del 25 "no lo iba a dar". También ha confirmado que Cortés dijo ese día que se hacía cargo de esta lidia si le daban el dinero de la taquilla, pero que Tarazona alegó que no lo tenía, que se lo había gastado.
En un sentido similar, el representante de Canales Rivera en 2005, José Luis Fernández, ha declarado en una videoconferencia que Tarazona contactó con él junto con personal del Ayuntamiento de Llerena y que le contrató el primero y que se informó de la suspensión de la corrida del 24 el mismo día 25, cuando debía torear su representado, y que desconoce el motivo de que tampoco se celebrara ese domingo el festejo.
Finalmente, ha dicho que el día 25 "no" vio "en persona" al acusado y que "no" le dio "tiempo" a decir que el diestro no toreaba si no cobraban los toreros del día anterior, y ha expuesto que "no" se les pagó nada.
Sobre este juicio, el letrado de la ganadería 'Juan Albarrán', Francisco José Sánchez, ha subrayado a los periodistas antes de la vista que su representado se "encontró perjudicado precisamente por la falta de realización de la corrida de toros" en una cuantía que ha cifrado en unos 21.000 euros.
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