COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONVENIO COLECTIVO TAURINO (1 DE JUNIO DE 2009)

NOTA DE PRENSA

Madrid, 01 de Junio de 2009.
En relación con la nota de prensa emitida por la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, las asociaciones profesionales y sindicales que integran la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio Colectivo Nacional Taurino, quieren hacer de público conocimiento los siguientes extremos:
PRIMERO.- Entendemos que los propietarios de las plazas de toros, ya sean de naturaleza pública o privada, son responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones salariales y de seguridad social que incumban a los empresarios a quienes adjudiquen la gestión de dichas plazas de toros, y ello por aplicación de los artículos 42 y 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, son frecuentes las irregularidades detectadas a la hora de adjudicar la gestión de las plazas de toros (ausencia total de garantías, adjudicaciones a favor de sociedades pantalla, aceptación de ofertas temerarias en perjuicio de otras razonables, falseamiento de los procedimientos de contratación legalmente establecidos, etc), lo que de por sí determina una manifiesta responsabilidad de las Corporaciones, quienes parecen más preocupadas de abaratar costes que de ofrecer a los aficionados un espectáculo de calidad.
SEGUNDO.- En todo caso, no es nuestra intención entrar en debates jurídicos acerca del alcance de la responsabilidad de los Ayuntamientos por los incumplimientos laborales de los empresarios adjudicatarios de sus plazas de toros, en tanto que las convocatorias de huelga no se realizan frente a los ayuntamientos en cuestión, sino en los centros de trabajo en los que se han prestado los servicios no retribuidos, esto es, las plazas de toros, con independencia de sean gestionados por el empresario deudor o por cualquier otro que pudiera sucederle en dicha gestión. Sin perjuicio de ello, nuestros servicios jurídicos tramitarán el ejercicio de las oportunas acciones judiciales frente a los empresarios deudores, cuya interposición en modo alguno es requisito previo al ejercicio del derecho de huelga. Del mismo modo se valorará la posibilidad de promover ante el Tribunal de Cuentas el conocimiento de las irregularidades detectadas en algunas adjudicaciones.
TERCERO.- En los últimos años, representantes de las asociaciones profesionales, sindicales y empresariales taurinas hemos mantenido diversas reuniones con los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias, todas ellas con el propósito de que a través de dicho órgano fuesen informados los ayuntamientos de las particularidades laborales del sector, y especialmente de los riesgos de adjudicar las plazas de toros de la manera en que se ha venido haciendo los últimos años. No tenemos noticia de que la FEMP haya dirigido comunicación alguna en este sentido a sus municipios asociados, ni de que haya tomado un interés real en el asunto. CUARTO.- Las asociaciones profesionales y sindicales taurinas seguiremos convocando huelgas allí donde no sean respetados los derechos laborales de los toreros, y no aceptaremos presiones frente al ejercicio legítimo de nuestros derechos constitucionales, presiones inadmisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho especialmente cuando provienen de una entidad supuestamente democrática como la FEMP.